Con verdadero asombro, preocupación y hasta con la molestia lógica de un ciudadano asustado, me he atrevido a escribir esta palabras, apelando a la responsabilidad que siempre ha mostrado CANARA, de ser voz de gente preocupa por el devenir de la patria.
Cuando suceden barbaridades en este hermoso país llamado Costa Rica, que de costa y rica lo tiene todo, pero que muestra abundantes signos de degradación de lo más importante que puede tener un estado de derecho: Primero, la seguridad jurídica que contribuya a la seguridad de todos los ciudadanos honestos y segundo, la aplicación de la normativa vigente; siempre y cuando eso sí, esta aplicación esté revestida de una alta dosis de sentido común; el cual por los últimos acontecimientos, parece no ser el más común de los sentidos.
Empiezo por llamar la atención de la forma en que un ciudadano colombiano se permitido burlarse de todos los costarricenses, al manifestar que delinquir en este país es un “vacilón” y que volverá pronto a continuar haciéndolo. ¿Cómo una persona entra y sale de este país, comete actos delictivos y simplemente lo devolvemos a su país para que en unos días o meses esté nuevamente entre nosotros? Yo respeto y agradezco profundamente a todos los ciudadanos extranjeros que vienen a construir este país con trabajo, ideas y gran esfuerzo pero exijo a las autoridades judiciales y a los legisladores, la aplicación de las leyes o la modificación de las mismas para hacer pagar a los asesinos a sueldo, a los ladrones y vagos que campean por doquier. Como ciudadano responsable de mis obligaciones, exijo con todo respeto pero de manera vehemente que esto cambie YA.
La liberación en estos días a manos de un juez de la república de las personas que saquearon nuestras aguas territoriales con más de 30 toneladas de atún, que además navegaban con gran cantidad de explosivos a bordo sin contar con los permisos pertinentes y atrapados por la pericia y la denuncia de periodistas costarricenses que reporteaban en la zona, nos hace cuestionarnos en manos de quién está la administración de la justicia.
Si el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, no quiere decir que los responsables de aplicarla cierren los suyos a la aplicación de normas jurídicas que deben -sin lugar a dudas- estar sustentadas en la legalidad, pero que ante todo, deben estar revestidas de una cuota mínima de razonamiento lógico, pues de lo contrario nos convertimos en serviles ciegos de una legalidad sin razón.
La permisividad a los delincuentes comunes de una cuota o valor para que roben, es un signo grave de que nuestros sistema judicial tiene que replantearse. No es posible que un país como este permita que un carterista capturado más de 800 veces camine libre y seguro. No es justo, que en el país de la democracia centenaria, un puñado de delincuentes vivan con mayor libertad que la gran clase trabajadora y decente, que no puede ya ni siquiera caminar libre por las calles.
Un llamado respetuoso a quien corresponda, para que de una vez y para siempre, el sentido común termine con la impunidad y ponga tras las rejas a los delincuentes; sea quien sea.