Ya lo habíamos afirmado en el comentario del 20 de este mes: El problema en la Asamblea legislativa es que la MAYORÍA LEGISLATIVA no pueden legislar “…pues resulta que en Costa Rica se ha revertido el orden lógico en el funcionamiento de la democracia y es un minoría la que manda y no deja trabajar y decidir a la mayoría.”
Asimismo se expresó, firmemente, la Sala Constitucional en la recién dictada sentencia Nº 2521, emitido el 22 de febrero: “En dichos casos, en que no se hace posible la adopción de decisiones por parte de la mayoría investida como tal en elecciones libres y democráticas, imponiéndose la voluntad minoritaria se invierte perversamente la lógica del sistema representativo…”
Claro, ¡las reacciones de los aludidos diputados no se hicieron esperar! Desde el que se atrevió, a la ligera, sin fundamento “jurídico” alguno, a decir que la sentencia es “nula” (sic) hasta el que dijo que como hubo “votos salvados” de 3 magistrados, ello no le da mayor validez (sic), pues “sólo un voto marco la diferencia”, lo que, según en la lógica del diputado entrevistado ello no hace sino reflejar “…la división del país en torno al TLC….” (sic) (La Nación, 27 de febrero 2008).
Pues estos diputados, que representan a los 19 opositores, salvo la valiente posición de la diputada Andrea Morales Díaz, es, precisamente, lo contrario a lo que ellos, sin ningún empacho, afirman: La Sala Constitucional es también un órgano estatal colegiado, donde se impone lo que deciden la mayoría. Y la minoría, que tiene potestades para disentir, no por ello obstruye ni realiza todo tipo de actos que confabulen para evitar que la MAYRORÍA decida.
Así opera la democracia de verdad; así es como ellos deberían actuar en concordancia, dejando que la mayoría legislativa vote, con la legitimación, como bien lo dice la Sala, que les dio, el soberano, el pueblo, en las urnas, en un país democrático como lo es Costa Rica.
Qué bien que la Sala Constitucional se pronunció en este sentido y así debería hacerlo la Procuraduría General de la República, tal como le solicitó, hace días, un selecto grupo de ciudadanos, al Poder Ejecutivo, para que, ahora junto al pronunciamiento judicial, se respalde con un buen respaldo jurídico que estos supremos órganos estatales den a su actuar contra el bloqueo y secuestro que aquellos diputados ha hecho de la Asamblea Legislativa.
La Sala Constitucional no pudo ser más puntual cuando afirma que el sistema democrático ha sido no sólo REVERTIDO sino, también, PERVERTIDO por estos legisladores por lo que el llamado de atención es un excelente oportunidad para que, de inmediato, no sólo intervenga el Ministerio Público en cuanto a las conductas punitivas que se vienen generando sino para que, también, el Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo a sus potestades legales y constitucionales hagan lo propio para rescatar el recinto legislativo de quienes sólo les mueve la politiquería, con lo que se pone en peligro la paz social que, así como la Sala Constitucional, ellos también deben garantizar que respete pues las consecuencias reales de esas maniobras ya están haciendo estragos en cientos de familias que hoy ven como se van, como en torbellino, sus únicas fuentes de empleo.