Hace 30 años se pretendió cambiar el sistema penitenciario, cuando, con muy buenas intenciones y optimista de su planteamiento, la entonces Ministra de Justicia, simbólicamente dio un mazazo a una de las paredes de la “Peni” ( lo mismo que hizo el presidente Figueres, en el cuartel Bellevista, cuando abolió el ejercito, en el 48) pero ese acto que daba inicio al sistema de “ADAPTACION SOCIAL”, sólo cambio de nombre de la “peni” por la “reforma” y el de “Defensa Social” por el de “Adaptación Social” hoy las cárceles siguen teniendo en sus entrañas, quizá ya no a los “hijos del diablo” pero sí quienes esperan salir para seguir sus delincuencias.

Todo sigue igual y por más que se pretenda afirmar que hubo un cambio, aparte del nombre y de que existen más cárceles, ya hoy saturadas y abandonadas, las delincuencia está peor, pues la mayoría de los reos, llamados con el eufemismo de “privados de libertad”, lo que menos logran es ser “readaptados” o “resocializados” pues las cárceles siguen siendo “escuelas del crimen”.

Claro, como bien lo decía, recientemente un editorial de La Nación, “Escuela de Delincuencia” (10/06/08) las calles con los delincuentes haciendo de las suyas por la inoperancia de un sistema que no les pone coto, hacen de la calle una verdadera   “escuela de delincuencia”, que, comparada con aquéllas, éstas son verdaderas universidades del mal y las cárceles se han degrado, si acaso, a kindergardem delincuenciales.

Por eso, el tema de inseguridad ciudadana es muy difícil de abordar sin caer en el discurso o meros parches, nada más.

Se han propuesto reformas al Código Procesal Penal y Código para enfrentar la inseguridad; la Corte anunció medidas y reformas, como las leyes de “víctimas y testigos” y de “crimen organizado”, así como “los problemas que generan las contravenciones y delitos en flagrancia” (La Nación, 13 junio 08).

 Ojalá se logre los objetivos pero será muy poco o nada pues el cambio de leyes o políticas, por sí, no siempre es la solución a problemas como el planteado.

Y es que el mayor problema no es que haya “malas leyes” sino “malos funcionarios” para que las ejecuten. Así, muchos problemas que desviven a la sociedad con la delincuencia se enfrentarían mejor si se aplicara, por estos operadores del derecho, las leyes como debe ser y no de acuerdo a ciertas “discreciones”.

Entre otros varios aristas de este complicado problema de la inseguridad es el referidos a los menores infractores: de pequeños (y a veces ni tanto) van para grandes. No es posible que a veces se tenga la  errada creencia de que a los “chiquitos”, de 18 años o menos, no se les puede castigar con la pena de prisión o con otras medidas que prevé la Ley de Justicia Penal Juvenil.  

Por eso, a pesar de las dificultades que conllevaría que existan vigentes tratados internacionales, ratificados y sancionados por Costa Rica, como el Código de la Niñez, es necesario que, de acuerdo a nuevos parámetros sicológicos, se revise la edad del “menor” a los efectos de sentar responsabilidades, pues las edades comprendidas entre las que señala la ley, entre 12 y 18 años, ya rebasaron la realidad y por mucho.

Así, hay mucho qué hacer en busca de paliativos a la inseguridad ciudadana que desvive hoy, como nunca, a los ticos y el tiempo es el mayor enemigo antes que empeore el problema.