Las obras se estarán desarrollando con recursos propios, y en forma complementaria, mediante el uso del Fideicomiso Inmobiliario suscrito con el Banco de Costa Rica, el cual, está debidamente autorizado por la Contraloría General de la República.
Según el Subdirector Ejecutivo del Poder Judicial, Rodrigo Arroyo, en los últimos años, se retomó la obra pública, de cara a atender el faltante de espacio físico y reducir a largo plazo, la inversión en alquiler de inmuebles.
A partir de un esfuerzo presupuestario propio, se puso en marcha la ampliación del edificio en Limón, la construcción del edificio de Jicaral, la remodelación del Paraninfo, que fue declarado Monumento Histórico y se ultiman detalles para iniciar con el reforzamiento del edificio de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, se avanza en los trámites administrativos para la construcción en Osa, Los Chiles y la segunda etapa del edificio de Toma de Muestras en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores.
Una importante alternativa que refuerza la política de construcción judicial, es la figura del Fideicomiso que se logró en el año 2015 para iniciar con los trámites administrativos de las obras prioritarias: Hatillo, Puntarenas, Cartago y Heredia.
El mecanismo del fideicomiso es una alternativa que desde hace 12 años el Poder Judicial intentó concretar y que hoy es una realidad, y permitirá, atender la demanda de servicio.
Colaboración del Departamento de Prensa del Poder Judicial.