Algunos recientes acontecimientos en el plano internacional ponen en evidencia la necesidad de reflexionar sobre los principios de la democracia representativa y, particularmente, sobre la función de las elecciones en democracia. Durante la segunda mitad del siglo veinte se produjo una intensa discusión académica sobre los requisitos mínimos para considerar democrático un sistema político. A pesar de la diversidad de perspectivas, existe cierto consenso en admitir que la democracia es más que realizar elecciones periódicamente, pues requiere otros componentes. Pero casi todos los puntos de vista concuerdan en que las elecciones son un mínimo indispensable para hablar de democracia. Las elecciones cumplen tres funciones básicas en el sistema democrático, a saber, producir gobierno, producir representación y producir legitimidad.
En primer término, las elecciones tienen la función de producir gobierno. La democracia, como gobierno del pueblo, requiere la expresión popular a través del voto. El derecho al sufragio constituye la base misma del engranaje democrático, pues implica la posibilidad de participar en los procesos de designación de las autoridades gubernamentales y, correlativamente, la posibilidad que tiene todo ciudadano de postularse a cargos de elección popular. En cambio, los regímenes no democráticos producen gobierno a partir de la imposición militar, de la decisión de una persona o de una élite económica, política, intelectual o religiosa, con abstracción de la voluntad de la mayoría.
En segundo lugar, las elecciones constituyen un mecanismo para producir representación. Las democracias contemporáneas requieren del ingrediente representativo para su operatividad, debido a la complejidad de las sociedades y de las numerosas decisiones políticas que cada nación toma cotidianamente. El modelo representativo permite que la ciudadanía sea quien designe a las personas que ejercerán determinados cargos públicos durante períodos constitucionalmente predeterminados. El paradigma representativo no contradice el ideal de democracia participativa, pues las elecciones constituyen uno de los principales mecanismos de participación política, pero no el único.
Finalmente, las elecciones en democracia producen legitimidad. Únicamente puede considerarse legítimo un gobierno que cuente con el sustento de las urnas. En democracia pueden haber presidentes buenos, mediocres o malos, pero el Estado de Derecho provee mecanismos de frenos y contrapesos para controlarlos a todos. El modelo de democracia constitucional reconoce que a menudo los gobiernos se encuentran en la necesidad de adoptar decisiones impopulares. La sociedad es heterogénea en su composición en intereses, de manera que cualquier política pública difiere en sus alcances y consecuencias sobre cada individuo, por lo cual puede ser objeto de múltiples interpretaciones. La popularidad de los gobiernos, en consecuencia, fluctúa según las circunstancias políticas. En procura del necesario equilibrio entre la estabilidad y la representatividad del sistema, los ciudadanos escogen a sus gobernantes por períodos fijos. En todo caso, la democracia exige el requisito indispensable de la elección popular, según las reglas preestablecidas, para que un gobernante pueda - y deba - considerarse legítimo.