Desde hace más de 30 años, laboro en una empresa familiar, fundada en 1949, la cual tuve que asumir en 1976, cuando desafortunadamente, falleció mi señor padre. 

En 1983, nos pasamos a nuestras actuales oficinas en Barrio Amón, San José. En 60 años nunca hemos tenido una licencia del Ministerio de Salud para operar pero dos inspectores que me visitaron, me informaron que hay una nueva ley y un reciente decreto ejecutivo, que dice todo negocio sin permiso de salud, debe ser cerrado. Le expliqué que somos una empresa de servicios con 60 años de operación, además no vendemos alimentos, ni nada parecido.

La ley es clara, sentenció. Ignorando así el principio constitucional de que ninguna ley podrá tener efecto retroactivo y, por tanto, se deberían respetar las situaciones jurídicas consolidadas a través del tiempo. Gentilmente, el inspector decidió darme unas horas para que corriera y sacara el respectivo permiso sanitario y así evitar la clausura de mi negocio.
 
Es realmente paradójico que el Gobierno ponga en ejecución disposiciones que abiertamente son amenazas para fuentes de trabajo, en medio de la peor crisis económica que está viviendo el país y el resto del mundo, desde la depresión de 1929.
 
A través de los varios años en que he escrito comentarios para Panorama, he criticado a la tramitología pública, reglamentos y leyes que se convierten en fines en sí mismos y que son uno de los principales frenos para un mayor y mejor desempeño del sector privado para producir riqueza, que a su vez, sirve pagar impuestos y así mantener una burocracia pública, que muchas veces, se vuelve contra quienes hacemos posible su existencia, como sucede en esta oportunidad.
 
Entiendo que la Salud pública debe ser preservada a toda costa pero no debería ser la falta de un papel el motivo del cierre de un negocio, sino que el inspector verifique en el campo las condiciones sanitarias del inmueble y si este atenta contra la sanidad que proceda a derecho a cerrar el establecimiento.
 
La razón de este tipo de procederes, en mi opinión, en mucho no es otra, que quienes deciden toda esa tramitología, nunca han tenido que preocuparse por conseguir los recursos financieros necesarios para que una empresa opere y genere riqueza para beneficio propio y del resto de la sociedad. Amén de que opinan y decretan de forma no integral y además cortoplacista.

Como me vi forzado, por la amenaza del cierre. a tramitar el respectivo permiso, me apersoné a la oficina del Ministerio de Salud en el centro de San José, esperando mi turno para ser atendido, noté que esa dependencia, básicamente, tiene una función similar a la nuestra pues no es otra que atender al público.

Cuando me atendieron, entregué parte de los documentos pedidos, digo parte pues el que me debía dar la Municipalidad de San José, debe pasar antes por todo un vía crucis burocrático pero antes este involucra otro similar del Registro Nacional.

Cuando me iba a retirar, pregunté ¿Ustedes tienen permiso de salud para operar? La respuesta fue un rotundo No, y agregó nosotros somos el Ministerio de Salud, le dije discúlpeme pero ustedes atienden personas como lo hacemos nosotros y la amenaza, el peligro a la salud, no está en si el establecimiento es privado o público, por lo tanto, deberían también tener el mismo permiso que nos piden para poder atender al público.