En medio de todo este proceso acelerado de cambios en el ámbito económico internacional, el desarrollo y fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituye en un país como el nuestro el fundamento de la transformación del sector privado, precisamente por ser este sector una de las principales fuerzas del desarrollo económico.
Para Costa Rica, el fomento de las PYME es prioritario, máxime que estamos a las puertas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, con Centroamérica y la República Dominicana. Apoyar a las PYME significa, en términos estratégicos, estimular la actividad privada y también el desarrollo de las habilidades emprendedoras.
Ambos elementos son imprescindibles para lograr la competitividad productiva y comercial y - por las particularidades mismas el mercado internacional- una condición básica para que las PYME se puedan adaptar efectivamente en la dinámica de la oferta y la demanda, especialmente si consideramos también los niveles de exigencia por parte de los consumidores.
Siendo una realidad inobjetable que las PYME representan un porcentaje significativo dentro de la estructura del parque industrial costarricense, y por ello una importante fuente generadora de empleo, las PYME son portadoras de numerosos beneficios para la sociedad. Ayudan a diversificar la actividad económica, contribuyen al crecimiento del empleo y mejoran la competitividad.
También moderan las posiciones de las grandes corporaciones y pueden funcionar en el mercado costarricense como un sector vital para las actividades emprendedoras e innovadoras, sin olvidarnos, claro está, del papel relevante que juegan en la provisión de servicios para la comunidad y su contribución, igualmente estratégica, a los programas de desarrollo regional.
Como puede apreciarse, las PYME son estratégicamente fundamentales para el desarrollo social y el crecimiento económico de Costa Rica, y siendo el interés del Estado una prioridad para que sea un sector dinámico con presencia significativa en las exportaciones, reconocemos la necesidad de que se fortalezcan cada vez más los instrumentos jurídicos, así como el apoyo en términos de infraestructura, financiamiento y capacitación.