No hay duda alguna de la importancia que en estos momentos reviste para todos, el tema de la seguridad ciudadana y el control de la delincuencia galopante que se ha desatado, cada día con mayor intensidad.

No basta con anunciar mano dura contra los delincuentes para erradicar este flagelo, que se ha extendido por casi todo el mundo, sino que es necesario precisar qué medidas concretas se proponen y en qué forma se piensa implementarlas.

En dos comentarios radiodifundidos a mediados del presente año, sugeríamos dos reformas en nuestro sistema penal: la necesidad de ampliar el concepto de “legítima defensa”, para permitir que los ciudadanos podamos defendernos de los ataques de los delincuentes, sin el temor de ser condenados por las consecuencias derivadas de nuestra defensa y concretamente citábamos el caso de los “quiebra ventanas” y de los cuatreros, a cuyas víctimas – los conductores de vehículos y los ganaderos – no les es posible actualmente repeler en forma legal y eficaz la agresión de que son objeto, pues temen, con justa razón, que algún acucioso fiscal, - imbuido de doctrinas totalmente divorciadas de la realidad – los acuse por lesiones u homicidio, alegando “exceso en la defensa”.

Intimamente ligado a ese mismo tema está el de la adquisición y portación de armas de fuego. Contrariamente a la política imperante, consideramos que no debieran ponerse tantas trabas a los ciudadanos trabajadores y honestos, sin antecedentes penales y cuya idoneidad para al manejo y tenencia de armas haya sido debidamente comprobada, pues éstos deben tener la oportunidad de velar por su propia seguridad, ya que la protección que la policía les pueda brindar, siempre será temporal e ineficiente.

Por otra parte, ningún delincuente jamás va a mostrarse interesado en registrar sus armas ni en someterse al control de las autoridades. Como dice un conocido “slogan” que figura en vehículos y sitios públicos en los Estados Unidos: “Si ilegalizamos las armas, solo los ilegales van a tener armas”.

En vez de estar perdiendo tiempo, esfuerzo y dinero en juzgar por enésima vez a los enemigos públicos, éstos debieran quedar sujetos a una medida de seguridad por el tiempo que se estime necesario y obligados a trabajar, en obras públicas o de interés social, por una remuneración no regulada por la legislación laboral, aplicando así el artículo 56 de nuestra Constitución Política, que hasta la fecha ha sido letra muerta pero que sabiamente establece que el trabajo es un derecho individual y una obligación con la sociedad.

Si los partidos políticos abordarán en su propaganda estos y otros temas relacionados con la seguridad ciudadana, se harían acreedores a nuestro respeto y estarían efectivamente contribuyendo a la solución del problema, pero mientras se limiten a anunciar “mano dura contra los delincuentes”, sin proponer nada en concreto, nos parece que lo único que están haciendo es aprovechar el descontento general para pescar en río revuelto y llevar agua a sus molinos.

Este fue un comentario de Miguel Valle Guzmán.