Este viejo refrán calza como anillo al dedo a lo viene sucediendo en nuestro país, ya hace bastante tiempo, donde el estado social de derecho, base fundamental de nuestra convivencia social, está siendo minado, en una ocasiones de manera abierta, otra veces de forma algo disimulada pero siempre este ataque se da de manera constante y sistemática, cuyo origen son acciones tanto individuales como colectivas.
Un día sí y otro también, la criminalidad abierta pero también la solapada vienen en un aumento exponencial. Asesinatos cometidos por desalmados que no necesitan ninguna provocación para cometerlos, otra veces, sus actores son sicarios contratados por igualmente criminales. Los secuestros también han ido en un alarmante aumento, algunos ya hasta con la trágica muerte de alguno de los secuestrados.
El irrespeto al principio de autoridad y al derecho ajeno a la paz y a la tranquilidad, los vemos violentados, diariamente, a pasos agigantados. Lamentablemente, también mucha de esta violencia se produce en el seno de los mismos hogares, donde muchas y muchos hijos no solo no respetan a progenitores, atendiendo sus instrucciones y guías de vida, sino que, en no pocos casos, se presentan hasta casos de agresión física y/o psicológica de ellas y ellos a alguno o ambos progenitores.
Esa falta de respeto a la autoridad, como es de esperarse, no se limita a los hogares pues de lógica, si no hay respeto a quienes les dieron la vida, los cuidaron y protegieron, aun con todos los errores humanamente cometidos en ese esfuerzo; las y los agresores intrafamiliares, con más razón, serán hasta más irrespetuosos con las y los extraños, tampoco tendrán el menor respeto hacia sus educadores y otras personas que representan la institucionalidad del país y de seguro ignoraran las leyes.
A estas alturas de este comentario, habrá quienes piensen que este va dirigido solo a niñas, niños y adolescentes pero la verdad es que no, mi mensaje va especialmente dirigido a las y los adultos, cuyas conductas evidencian un claro irrespeto a los legítimos derechos de los demás, al principio de autoridad y a nuestra institucionalidad.
Esas y esos adultos que con sus ejemplos, le mandan un demoledor y negativo mensaje a las nuevas y presentes generaciones con respecto a cómo se hacen las cosas en este país, sin importar si esas acciones violentan los derechos de las demás ciudadanas y ciudadanos y/o se irrespeta nuestro ordenamiento jurídico.
Por otro lado, están las omisiones, sin ninguna justificación, parte de las mismas autoridades constituidas, esas que por ley están mandadas a ponerle un alto a esos abusos e irrespetos a los derechos de los demás y a las leyes, Así como, hasta a enjuiciar y condenar a quienes han violado alguna ley y, simplemente, por las razones que sean, no cumplen a cabalidad con sus deberes. Esta omisión también es un contraejemplo y hasta un contravalor pues les mandan señales distorsionadas y hasta muy equivocadas sobre la forma de comportarse en sociedad.
Estoy convencido de que son muchas y muchos los costarricenses que estamos seriamente preocupados por el rumbo que llevan las cosas en el país y si las autoridades elegidas, no pueden cumplir con sus obligaciones de abordar eficazmente esa problemática pues lo lógico es que renuncien voluntariamente a ellas o en su defecto que sean sustituidas por quien le corresponda jerárquicamente hacerlo.