El desarrollo social es como montar en bicicleta: para moverse se necesita equilibrio. Entre mejor sea éste, más rápido se podrá avanzar. Tristemente, la historia de América Latina está, por el contrario, llena de desequilibrio social. Pese al auge económico reciente, un 39,8% de la población vive en pobreza según la CEPAL. Peor aún, somos parte de la región más desigual del mundo.
Costa Rica ha tenido algún éxito en cambiar esta realidad. Según datos del INEC, se redujo la pobreza por primera vez en muchos años, del 20% al 16,7%. Son varias las claves de este triunfo. En primer lugar, el equilibrio económico, logrado a través de la estabilidad monetaria, el freno a la inflación, una mejor recaudación fiscal, entre otros. Y luego, las políticas focalizadas para aliviar la pobreza, como la reforma del IMAS, el aumento de las pensiones y el programa Avancemos, por ejemplo. Esto ha favorecido equitativamente a ricos y a pobres. Como dice el economista irlandés Kevin Kelly, “con marea alta, todos los barcos suben”.
Pero hay otra tarea pendiente, y estamos en posición para tener éxito en ella. Es el combate a la desigualdad social y a sus consecuencias. La desigualdad provoca una sensación de injusticia, que a su vez crea resentimientos, violencia y descrédito de las instituciones democráticas, todo lo cual alimenta el germen del populismo. Pero el efecto más odioso de la desigualdad es la división de compatriotas en “ricos” y “pobres”, separación que debilita la solidaridad, pues nadie es solidario con quien no conoce.
Costa Rica está en un momento inusual: la pobreza baja, pero al mismo tiempo sube la desigualdad. Medida por el coeficiente de Gini, subió de 0,40 a 0,42. Este dato merece atención. Hoy tenemos menos pobres, pero están más lejos de los ricos.
Esta lejanía es geográfica, pues es evidente el desequilibrio entre los cantones rurales (pobres) de la periferia y los urbanos (ricos) de la Región Central. En estos últimos se genera el 77% de los empleos calificados. Además, la población rural o urbano marginal está más lejos de los servicios públicos de calidad, en especial educación y salud. Basta comparar Escazú y Coto Brus, o Santa Ana y Sarapiquí, para comprender nuestro país hace años dejó de “pedalear parejo” y ahora funciona en dos o tres “velocidades”.
La clave para cambiar esta historia sigue siendo el equilibrio. La equidad social empeora rápidamente al estancarse la economía y el nivel de pobreza. No se puede distribuir la riqueza cuando no se ha creado. Para vencer la inequidad, primero se requiere del crecimiento económico y, con él, la reducción de la pobreza.
Ambos pasos ya están dados. Falta impulsar sin dilación políticas de corte más universal—menos focalizadas—que mitiguen la pobreza y funcionen además como “ascensores” sociales. Un buen arranque sería aumentar al menos al 8% del PIB la inversión educativa (el mejor movilizador social) y estimular los canales financieros para los estratos bajos y medios de la sociedad aprobando la Ley de Banca para el Desarrollo.
La primer tarea del Gobierno ya es un éxito: menos pobreza. Pero hay que atacar también la desigualdad. La desigualdad es la mejor aliada del resentimiento. Reducir la pobreza y la inequidad es propiciar humanismo, sembrar solidaridad e invertir en paz social. Estoy seguro que, sin importar banderas políticas, en esta inversión todos estamos de acuerdo.