Hace unos cuantos días, la prensa informaba sobre una resolución de la Sala III del Poder Judicial, la cual abrió la posibilidad para que señoras obtuvieran de la Caja la fertilización in vitro por medio de un proceso legal.
Anterior a ese fallo, la Sala IV ha sido la que más ha intervenido en las actividades médicas de la principal institución de seguridad social del país. Ha ordenado a la Caja que se les dé tratamiento a extranjeros con enfermedades preexistentes a que se incorporaran al régimen. Ningún seguro del mundo cubre los costos de tratamientos, medicinas y médicos para enfermedades que padecían las personas antes de asegurarse.
También la Sala IV ha intervenido para que se adelanten cirugías y tratamientos. Esto sin considerar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Caja. Además la persona que estaba en la lista en primer lugar, por el mandato de la Sala Constitucional, pasa a ocupar el segundo puesto y así sucesivamente. Este mandato al final termina afectando a otros asegurados que por no recurrir a la Sala IV, vieron atrasadas sus cirugías o tratamientos.
Si bien nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud, este decir es más un romántico enunciado que un derecho efectivo pues todos los seres humanos nos enfermamos y tarde que temprano moriremos, aunque el principio constitucional diga lo contrario. Por otro lado, en ningún lado de la Constitución dice que es responsabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social asegurar la salud de las personas.
La Caja Costarricense del Seguro Social es, como dije, la entidad social más importante del país y estás acciones del Poder Judicial, sumadas a los patrones morosos, con algunos entes estatales entre sus más fuertes deudores, amenazan su estabilidad económica y con ella la prestación de sus servicios asistenciales. Y esto representa una gran amenaza para un gran número de personas pues los recursos financieros de la Caja, simplemente, de seguir estos hechos, no alcanzarán.
La Caja Costarricense del Seguro Social, financieramente hablando, ha quedado indefensa ante la acción de terceros, la cual está, por un lado, unos generando un aumento de sus costos, financieramente insostenibles y por otro lado, otros dejando de entregar sumas millonarias por concepto de las cuotas obrero-patronales. Todo esto es una verdadera sustracción a sus arcas.
Cuando la ley que dio origen a la Caja Costarricense del Seguro Social se promulgó, hace más de 50 años, no existía la Sala Constitucional, como tampoco existía una población del tamaño que hoy tiene Costa Rica. Sin embargo, a pesar de esos cambios, la ley que rige a la entidad social no ha sido modificada, adecuadamente, para adaptarla a los signos de los tiempos, lo cual la ha dejado en la más absoluta indefensión.
Sin el menor temor a equivocarme, de no ponerles coto a esas intromisiones y evasiones, estas terminarán afectando seriamente la estabilidad de la Caja y por insolvencia, los servicios asistenciales a los pacientes, corren el riesgo de que llegue el momento en que no se puedan dar y si se dan, estos sean de una inferior calidad a la que la institución social quisiera ofrecer a sus asegurados pero al no tener los recursos necesarios, se encuentra imposibilitada de hacerlo.