Estas semanas ha sucedido lo que en otras ocasiones: colegiales que se lanzan a delinquir bajo la suposición, por demás absolutamente falsa, de que “como son menores de edad” no se les “castigará”.
Así, unos “colegiales” exigían, la semana pasada, a pedradas, se les atendiera en el despacho de la Viceministra de Educación, causando serios destrozos en ventanales de ese edificio público.
Por ello no se entiende que se diga que no se sancionará a los actores de dichos actos delictivos.
Los tiempos han cambiado y las leyes, oportunamente, también. Ya la época en que existía el cándido JUZGADO TUTELAR DE MENORES y que, si acaso, sólo “regañaba” a los chiquitos “mal portados” y luego les daba un dulce, ya no existe, para bien de la sociedad.
La antigua Ley Tutelar de Menores fue derogada por la Ley de Justicia Penal Juvenil y aunque ésta aún mantiene enormes vacíos ante este fenómeno sico-social, muy diferente de hace 30 años, es un instrumento desaprovechado por las autoridades judiciales y administrativas, sin considerar un presente cada vez más violento.
Esta nueva ley tuvo y tiene sus detractores, a la que califican de “odiosa” pues “adultiza” la justicia de los “chiquitos”, ¡contraproducente en dicha edad “infantil”!, que establece entre los 12 y 18 años.
Nada más alejado de lo REAL: lo cierto es que las edades de los 12 a los 15 años y de estos a los 18 años, como estándares sicológicos aplicados en la ley para determinar posibles “medidas” en caso de menores infractores, en el actualidad está desfasada, según lo demuestran los hechos que vemos todos los días, dentro y fuera del hogar.
Un elemento esencial en la nueva perspectiva es el dramático cambio de la familia en su “dinámica” y sus valores. La autoridad familiar se ha trocado y en muchos casos ha desaparecido pues el concepto de familia ya no es el mismo de hace años. Y ello también se refleja en escuelas, colegios y universidades.
No es necesario ser un experto para ver, de frente y a todo color, que los padres, educadores y todas las figuras que hacían labores educativas y fomentaban valores han perdido protagonismo, tanto por su cambio del rol social como porque los órganos estatales le han minado autoridad que hoy muchos reclaman pero nadie se atreve a ejercer so pena de ser demandado por violar los principios “protectores de la niñez”, cuando en realidad lo que se ha hecho es revertir valores, esenciales en la armonía social.
Los actos de vandalismo y en general la delincuencia en gran escala de “chiquitos”, jóvenes en esas edades, en colegios, la casa o en la misma calle, hacen llamar a aplicar, efectivamente, la Ley de Justicia Penal Juvenil que se ha desaprovechado, como las “medidas” que prevé entre el TRABAJO COMUNAL y la PRISIÓN, según el caso.
Las medidas correctivas para evitar que esos mismos jóvenes que hoy se tiran a las calles a romper ventanas y destrozar autos, así como a enfrentarse, como verdaderos pandilleros, sepan que existen reglas que deben respetarse. ¡No es posible que sigan creyendo, tanto éstos como sus padres y educadores, que ser menores de 18 años les da licencia hasta para matar!
A lo anterior se suma, para beneplácito de la población, que la Sala Constitucional, en una recientísima sentencia dispuso que es permitido que la imagen de estos infractores menores se puedan exhibir por los medios de prensa, con la condición de que un “cintillo negro” impida la completa identificación. ¡Caminamos, Sancho; caminamos!