El cierre de 34 emisoras de radio, decretado por el Gobierno en Venezuela, es una afrenta que todos en el mundo libre debemos condenar enérgicamente.

La Cámara Nacional de Radio de Costa Rica, alza su voz de protesta por ese hecho, que solo viene a reafirmar el malsano interés del régimen de Hugo Chávez por controlar los flujos de información en Venezuela.

Paradójicamente, como parte de la retórica absurda que practica, Chávez se ha aprovechado de todos los recursos que ofrece la democracia para atentar de manera sistemática contra ella.

En ese proceso, los ataques a los medios de comunicación han sido una constante, como recurso para evitar la propagación de ideas por parte de quienes no piensan como el mandatario y la camarilla que le apoya.

En esta oportunidad, la medida de cierre de las 34 emisoras, anunciada el fin de semana pasado, se ha pretendido basar en argumentos que no tienen pies ni cabeza.

En primer lugar, si bien una emisora de radio opera a partir una concesión de frecuencia que otorga el Estado, ese simple hecho no basta para que un medio de comunicación sea una realidad. Una vez obtenida la concesión, se deben realizar las inversiones de capital necesarias para equipar y estructurar la emisora. Esto no es otra cosa que establecer una empresa, cuya propiedad puede variar en el futuro, conforme con la legislación comercial vigente en el país.

En segundo lugar, el cuestionamiento tendencioso del Gobierno de Venezuela al hecho de que se hereden los medios de comunicación, no puede ser admitido por nadie en su sano juicio. Hacerlo, sería simplemente desconocer los derechos que asisten a quienes han invertido en el establecimiento de una actividad económica.

Detrás de la decisión del Gobierno de Venezuela, el verdadero interés es la concentración de las frecuencias de radio y televisión en manos de personas afines al régimen de Chávez, de manera que no se escuchen millones de voces disonantes que hay en ese país.

Chávez está consolidando una dictadura en Venezuela. Y lo disimula con la convocatoria a elecciones organizadas por cuestionables instituciones controladas por sus seguidores.

Ya hace unos días, un grupo de alcaldes de oposición pidió al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, una misión de observadores para Venezuela, ante las más recientes arremetidas contra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, las libertades políticas y la libertad de empresa.

Pero estos hechos no han merecido hasta ahora la atención de la comunidad internacional, que sin embargo, suele salir por estos días en defensa de las tesis de Chávez, aun cuando está claro el interés del mandatario de pasado golpista por vender conceptos democráticos que no practica.

Si bien la legislación venezolano permite una serie de recursos legales que aún no han sido agotados por las emisoras afectadas, cabe pensar que esto será un mero formalismo, toda vez que la determinación es sacarlas del aire. Por ello, repudiamos esta nueva arbitrariedad del régimen de Chávez y exigimos la inmediata rectificación de la orden de cierre de las emisoras.