La legislación recientemente aprobada en materia de propiedad intelectual, derechos de autor y conexos; así como las disposiciones de naturaleza procesal y sancionatoria que se pusieron en vigencia para el trámite y la resolución judicial de controversias surgidas con ocasión de la aplicación de aquella normativa, introdujeron a nuestro ordenamiento jurídico un desequilibrio odioso que coloca a una parte - la más fuerte – en posición de privilegio injustificado frente a las demás.
Es entendible y si se quiere hasta razonablemente equitativo, que la Ley discrimine entre las personas, y establezca presupuestos a favor de una de las partes en un conflicto, cuando lo hace en función de las posiciones de privilegio real que puedan tener una de ellas sobre las otras. Así ocurre por ejemplo a favor de una de las partes en materia laboral; agraria; de familia; y si se quiere también se justifica en algunos supuestos en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor.
Ciertamente, importa que la ley compense los desequilibrios, y proteja los derechos morales y patrimoniales que se derivan del esfuerzo de las creaciones intelectuales originales, y de la capacidad de interpretación o ejecución de esas obras. En especial, porque aquellos derechos fueron históricamente explotados en beneficio de terceros intermediarios o inversionista, que tenían la capacidad económica de ponerlas a disposición del público, conservando para sí los grandes beneficios del esfuerzo creativo, y dejando solo migajas a los verdaderos creadores de las obras. Los ejemplos abundan, fuera y dentro de nuestras fronteras.
Lo que no resulta congruente con los esfuerzos de tantos años por depurar la protección de la propiedad intelectual, es que nuestra Asamblea Legislativa termine por aprobar leyes – os pretextos de implementar Tratados de Libre Comercio -, con las que contradictoriamente lo que se persigue es favorecer los intereses económicos de unas pocas multinacionales – que son las que más pueden y tienen -, en perjuicio de los creadores intelectuales de las obras, de sus intérpretes, de la pequeña empresa radiofónica nacional y del público en general.
La multimillonaria industria discográfica no se quiere conformar ya con percibir los ingresos propios de su trabajo, esto es: reproducir y vender los discos en que se graban las obras creadas por otros. Ahora pretende además, cobrar lo que ya cobran los autores e intérpretes por la radiodifusión de sus obras e interpretaciones; y hacer que usted pague, lo que se les ocurra, por el simple hecho de escuchar, por cualquier medio y en cualquier sitio comercial de acceso público, lo que ellos se limitaron a reproducir en un soporte plástico.
Tenemos la firme convicción de que la piratería es un delito, y que no es justo para los productores de discos, que terceros copien y vendan indiscriminadamente reproducciones ilegales con propósitos comerciales; pero también estamos convencidos de que la radiodifusión es el vehículo a través del cual esas mismas casas disqueras logran promocionar su producto, logrando obtener sus millonarios beneficios económicos.
Bueno será entonces que vaya pensando esa industria, de persistir en utilizar la campaña judicial intimidatoria que ha iniciado, en la forma en que tendrá que pagar por un servicio que ha recibido por tantos años, en forma compensatoria y a manera de contraprestación, pero sin hacer ni un solo desembolso. La tentación de acapararlo todo siempre es mala consejera, o como dice el refrán criollo: Siendo la manta una sola, resulta que todos la quieren tirar… No disfracemos el Derecho, ni confundamos los procedimientos, con un indiscriminado permiso a abusar!
