Desde hace varios días y con motivo de una desafortunada acción cautelar judicial que promovió una persona jurídica, la radio y, en general, espacios públicos que utilizan la música, se han opuesto a ella.
La oposición, en estrados judiciales y ante la opinión pública, ha sido consecuente con nuestro pensamiento, expresado en muchísimos años y la asumimos como debe ser, cediendo, incluso los intereses gremiales ante intereses de la Patria.
Por eso las posibles obligaciones legales establecidas en cualquier nuevo ordenamiento jurídico que rija, las acataremos pero, igualmente, enfrentaremos aquellas pretensiones dislocadas, por desproporcionadas, que pretendan imponerse a la brava para obtener un enriquecimiento injusto, amparados en derechos inexistentes, o cuando menos muy cuestionables.
Esas medidas cautelares se tramitaron en sendos juzgados civiles del primer circuito judicial de San José y, por la naturaleza jurídica de las acciones, los jueces han tenido que dar trámite, lo que no significa que las hayan acogido por el fondo, o sea haya declarado a la persona jurídica demandante como titular de ningún derecho. Son sólo diligencias de trámite interlocutorio, como los muchos que se tramitan en esa vía jurisdiccional, de por sí ritualista y de rigurosos procedimientos, que, luego de algún tiempo, aun lejano, resultarán en un fallo denegatorio, con carácter definitivo.
En otras palabras, sobre el derecho de fondo no existe ningún pronunciamiento judicial y por ello es que se ha alertado a todas las radioemisoras nacionales, aún las que no son parte de CANARA, así como al comercio todo, que en sus actividades escuchan música, por medio de la radio u otro reproductor, para que estén alertas a los inescrupulosos, que bajo el cascarón de asociaciones y otras figuras jurídicas parecidas, creen que con las nuevas reglas que rigen con motivo de la entrada en vigencia del TLC pueden hacer lo que les venga en gana. ¡No!; la cosa no es así de sencilla.
Obviamente, el Tratado se abrió al comercio mundial y con él se sabe que se establecen nuevas obligaciones, pero que ellas van aparejadas a nuevos derechos, por lo que encontrar el justo medio entre unos y otros es la tarea de los Tribunales de Justicia del país, en un Estado de Derecho como el nuestro. Ellos reorientarán la nueva realidad. No es, por tanto, que de buenas a primeras puedan venir cualquier persona, física o jurídica, como en el caso dicho, a exigir lo que sea y ya sabrán en qué tren se montaron y escucharán la máxima jurídica de que “a todo derecho corresponde una obligación”.
Y, no es cierto que lamentemos haber apoyado abiertamente la aprobación del TLC con los Estados Unidos y Centroamérica, lo único que lamentamos es que exista gente como esta que se quiera pasar de “viva”, interpretando a su antojo los derechos y deberes de una ley.
Los derechos los defendemos, y los deberes los acataremos, siempre. Ni el abuso, ni el insulto nos harán claudicar de seguir expresando la verdad a los cuatro vientos; sin escudarnos en fueros especiales, y mucho menos acudiendo como otros a la vulgaridad y la vagancia.