El país enfrenta varias encrucijadas. Aunque se habla mucho de crisis económica, hay otros campos en los que los costarricenses estamos ante verdaderas disyuntivas que si sabemos superar traerán mucho bien en los tiempos por venir.
Una de ellas, sin duda, tiene que ver con la administración de la justicia. De vez en cuando, con más frecuencia de la que quisiéramos, se conoce por allí alguna decisión judicial que nos dejan los pelos de punta, sobre todo por la indefensión en que dejan a la ciudadanía ante el crimen organizado o en el que dejan a las mujeres ante quienes habiendo tenido alguna relación sentimental con ellas, se convierten en sus potenciales verdugos.
La administración de la justicia es una tarea muy delicada y difícil. Jueces, fiscales, defensores públicos o privados, son personas enfrentadas constantemente a decisiones trascendentales que tienen que ver con otras personas, con sus futuros, con sus proyectos de vida, con su libertad, con sus familias; y por tanto son individuos, todos ellos pero sobre todo los jueces, que cargan sobre sus hombros enormes responsabilidades a la vez que están expuestos a todo tipo de presiones, desde las nacidas de sus propios sentimientos hasta las surgidas de quienes desean influir sus decisiones mediante amenazas y amedrentamientos.
Siempre he pensado lo terrible que debe ser para un abogado honesto defender a un maleante –sea de cuello sucio o blanco- pero más aun lo terrible que debe ser para un juez dejar ir a un criminal, convencido de que lo es, por errores de procedimiento de la parte acusadora, o condenar a un individuo a sabiendas de que con ello condena a una familia al desamparo y al hambre.
Hay otro elemento fundamental en esto de la administración de la justicia: el testigo, la persona cuyo testimonio puede establecer la diferencia entre la condena o la absolución y que por tanto tiene en su conciencia y en la claridad de sus declaraciones la vida de un individuo.
Qué importante entonces que el Estado les garantice a todos estos elementos de la administración de la justica las mejores condiciones para el desempeño de sus funciones, empezando por la plena seguridad personal y de sus familias. Cuando, como sucede hoy, el país tiene a su poder judicial enfrentado a un juicio de tanta trascendencia por todo lo que hay en juego en cuanto al Estado y sus instituciones y sus responsabilidades para con la ciudadanía, es imprescindible la participación de las instancias estatales correspondientes velando por que todo transcurra en estricto orden y los actores, todos, incluso los acusados, puedan con plena libertad ejercer sus derechos y sus responsabilidades.
Por eso las noticias que han circulado según las cuales el ambiente judicial del caso C.C.S.S.-Fischel se estaría viendo afectado por elementos externos, debe ser causa de honda preocupación y sobre todo de ocupación de las autoridades y de todos nosotros los ciudadanos. Por eso hablaba al inicio de encrucijada y disyuntiva. Este caso lo es y si como sociedad lo resolvemos debidamente, habremos consolidado nuestra institucionalidad en un campo estratégico para un régimen democrático: la buena administración de la justicia.