Las diferencias políticas de cada partido político en la Asamblea Legislativa, todos con importantes cuotas de poder, hace que la forma en que se nombra a los magistrados, deba ser sumamente cuidadosa para no afectar al Poder que encabezan: pilar fundamental de un Estado de Derecho.
El sistema actual de elección, aunque criticado, no ha tenido una mejor alternativa, pero debe revisarse, empezando por la misma Comisión de Nombramientos, pues aunque constituyó, ya hace 10 años, una idea bien intencionada, con el correr del tiempo ha caído en el mismo vicio que se quiso evitar: oferentes haciendo antesala en las oficinas de los diputados solicitando su respaldo, con lo que degradan la majestad del cargo.
Sumado a lo anterior está lo venial del concurso, pues, aunque con la mampara de que a los concursantes se les califica por sus “estudios” y “escritos” (muchos con cara de “libros”), la balanza cede hacia la afinidad política o amistosa, lo que le resta credibilidad al nombramiento.
Por ello, debe hacerse un alto en el ajetreo y repensar el sistema y, muy importante, dejando claro que los diputados no pueden renunciar a sus potestades de llamar a excelentes juristas que tiene el país, quienes, aunque no concursen, deberían aportar al país desde tan alta investidura.
Por cierto, un paréntesis, al hablar de JURISTAS hay que referirlo a aquel profesional en derecho quien, por su madurez profesional, sólida formación e intachable conducta moral y ética -a toda prueba- pública y privada, merece que se le llame así.
Y es que, hoy que se critica a algunos magistrados judiciales, las elecciones pendientes de 2 nuevos integrantes, de las Salas II y IV, debería el ser prioridad considerar si hay que “buscar” a verdaderos JURISTAS, pues si es la misma Asamblea Legislativa la que nombra a éstos altos jueces, no deberían, luego, venir a emprenderla por las actuaciones de quienes ellos mismos eligieron.
Se sabe, vox populi, que la “titulitis” y a la “producción jurídica”, sin ton ni son, que se da como hacer pan, equivale a puntos para “quien sea”, sin escudriñar, como debe ser, en un asunto tan serio, su vida, pública y privada, sus cuentas económicas, su vida familiar y hasta vecinal, su pasado profesional, su entereza profesional y, sobre todo, personal, de cada aspirante, quienes como AUTORIDADES SUPREMAS, personificarán a la Patria en su función de administrar justicia, por lo que el honor de llevar la toga y el birrete, debe ser incuestionable, a priori y a posteriori.
No es posible que mientras algunos concursantes dicen en la entrevista ante la Comisión de Nombramientos que harán o dejarán de hacer tal cosa, si son electos, una vez juramentados, lo dicho se lo lleva el viento y lo pernicioso se retoma y, a veces, se refuerza, como quien, ya electo magistrado o magistrada, se desdijo en su actuar y, además de cambiar hasta “de forma de caminar”, se dejó llevar por la misma corriente que un día critico como mal endémico de la misma Corte.
Por cierto, lo anterior, como dice el anglicismo en los anuncios publicitarios, ¡“aplica” en la reelección de magistrados!